El pasado 8 de junio el gobierno anunció la intervención de la cerealera Vicentín por 60 días –empresa que se encontraba en convocatoria de acreedores y con una deuda de alrededor de US$1.400 millones (alrededor de 100 mil millones de pesos)– para garantizar que continuara operando. A su vez, adelantó que enviaría un proyecto de ley al Congreso para avanzar con la expropiación, enfatizando en preservar la producción de los 2.600 productores agrarios que habían quedado sin cobrar, y sostener los puestos de trabajo. A pesar de que luego de idas y vueltas se derogó el DNU, y se volvió atrás con la medida, nos parece necesario profundizar en este complejo conflicto de intereses.
Vicentín, ubicada en la ciudad santafesina de Reconquista, es un emblema del agronegocio exportador local cuya estructura de negocios cubre eslabones de la cadena de oleaginosa y diversificada: comercialización de granos, almacenamiento y molienda de semillas y oleaginosas y producción de biocombustibles, aceite, entre otras. Es propietaria de más de 20 empresas en las cuales trabajan aproximadamente 6 mil trabajadores y tiene una facturación anual de 4.200 millones de dólares (Portal Ecos. 10/6/2020).
El nombre Vicentín ya venía resonando a comienzos de año, a raíz de la investigación sobre los créditos que el Banco de la Nación Argentina le otorgó a la compañía en la gestión anterior: “La denuncia es contra el ex presidente y varios funcionarios de su gobierno por ‘defraudación al Estado’ a raíz de los créditos (…) que le otorgó el Banco Nación a la empresa Vicentín. (…) Las nuevas autoridades del Banco Nación investigan las responsabilidades internas en las operaciones de crédito realizadas con Vicentín ya que la anterior gestión le otorgó un préstamo de $18.400 millones. En plena crisis, la firma alegó "estrés financiero" y no devolvió el dinero.” (Página 12, 30/1/2020).
Como parte de dicha investigación, Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, explica que la compañía tiene deudas de aproximadamente unos 99.300 millones de pesos, de los cuales el 64% es deuda con bancos: “Ahí ocupa un lugar importante la banca pública que es el 43% de los créditos que Vicentín tomó. Los tomó de bancos locales, predominantemente de gran parte de la banca pública nacional: el Banco Nación, el Banco Ciudad, el Banco Provincia, el de Intercambio y Comercio exterior (…). El 30 de abril de 2019 su calificación ya estaba vencida y debía 13.500 millones de pesos, por lo tanto, no había otra cosa que hacer que obligarlo a que cancelara ese crédito. Sin embargo, de manera inentendible se le prorrogó esa calificación para que siguiera endeudándose y llegamos a agosto de 2019 donde ya no sólo violaba la norma interna del Banco Nación en el sentido de que estab a varias veces excedido con respecto a los 8300 millones de pesos que podía tomar (…) ya violaba incluso la norma del Banco Central, la norma reguladora que establece que ningún deudor puede comprometer más del 15% del patrimonio de una entidad financiera. Vicentín ya representaba cerca del 18 o 20 % del patrimonio del Banco Nación.” (Declaraciones recuperadas del espacio “Encuentros Formativos” en Facebook. Julio 2020).
En los cinco meses que pasaron desde la denuncia por las irregularidades de la empresa (y del accionar de las autoridades del Banco Nación) hasta el anuncio de intervención de la misma: ¿qué pasó?
¿Cuáles fueron las discusiones que se desplegaron en el conjunto de la población, teniendo en cuenta que se trata de una de las principales empresas del sector agroexportador?
Hace algunos días Alberto Fernández expresó: "Pensé que iban a salir todos a festejar" (Página 12, 13/7/2020) tras su anuncio sobre la intervención de la cerealera. Pero, ¿cuáles son los elementos que están a disposición de los sectores populares para evaluar el impacto de dicha medida? ¿Qué significa en términos concretos para la población que una empresa de semejantes características pueda ser estatizada? ¿Por qué el gobierno decide intervenir Vicentín? ¿Qué es una intervención? ¿A quiénes afecta lo que suceda con esta empresa? ¿Son los dueños de Vicentín víctimas de un gobierno que los quiere expropiar? ¿Por qué una empresa cerealera, de las más importantes exportadoras del país, tiene semejante nivel de endeudamiento, siendo uno de los negocios más rentables? ¿Quiénes son los acreedores de Vicentín?
Acumulación de fuerzas
Estas preguntas y muchas más que surgen al observar lo que ocurre en el país a través de los medios masivos de comunicación, no encuentran -sin embargo- respuestas coherentes. Nos quedamos viendo una pelea que no comprendemos por falta de información veraz y como consecuencia, no alcanzamos a entender la importancia de lo que está en juego. Porque en esta disputa mayoritariamente se escucha la voz de quienes defienden los intereses de la empresa. Y sobre la base de este desconocimiento ese sector sobreacumula fuerzas a su favor, a través de diferentes mecanismos.
En términos discursivos, estos sectores desarrollan una serie de declaraciones públicas a través de empresarios, productores rurales y funcionarios de la oposición que remarcan el carácter familiar y emprendedor de la compañía. Para poner sólo un ejemplo, citamos el testimonio de Dionisio Scarpin (Intendente de Avellaneda, Santa Fe): "Vinimos a defender a las economías regionales. Nuestra defensa es por las empresas familiares. Estamos aquí para defender el arraigo. Para darle la oportunidad a nuestros jóvenes de que puedan quedarse, vivir y trabajar en el lugar que los vio nacer”.
En el plano judicial, la compañía cuenta con un escudo de protección legal. Días después del anuncio presidencial, el juez de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores, dispuso que los interventores que administren la firma sean los designados por los accionistas de la compañía y que los interventores nombrados por el gobierno continúen como veedores. Vale mencionar al respecto, quién es el juez Lorenzini. En palabras de Pedro Peretti (ex director titular de Federación Agraria y referente del Movimiento Arraigo): “es un militante radical y ex funcionario del Banco Nación Reconquista (sucursal Reconquista, Fabián Lorenzini, asesor legal: 1999-2018). Él mismo era uno de los que visaba los créditos que están en discusión, ¿por qué se radica el concurso de quiebra en Reconquista y no en Rosario donde tiene la mayor operatoria comercial? Tendríamos que haber tomado alguna precaución en relación a ese tema.”. Pese a dicha advertencia, de ser “juez y parte” en el conflicto, y del pedido de apelación de la medida del juez: “La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista rechazó un planteo de recusación presentado contra el juez Fabián Lorenzini, interviniente en el concurso de acreedores de Vicentín.” (Página 12, 30/06/2020)
Por último, los sectores que defienden a Vicentín también lograron aglutinar a un conjunto de sectores sociales para el desarrollo de movilizaciones en diferentes partes del país. Tras el anuncio de Alberto Fernández y la llegada de los interventores, se desarrollaron manifestaciones en las localidades santafecinas de Avellaneda y Reconquista. Además, aprovechando el simbolismo de dos fechas patrias como el 20 de junio y el 9 de julio, se desarrollaron “banderazos” y movilizaciones en distintas localidades del país, que fueron apoyadas por diferentes entidades agropecuarias, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) y la Sociedad Rural de Rosario. Estos sectores tienen una larga experiencia en la organización de movilizaciones, la mayoría de las veces recuperando el simbolismo “de la patria” y “del campo” (vale recordar las movilizaciones desarrolladas en el año 2008). La mayor o menor capacidad de convocatoria en cada período no deja de lado el gran efecto simbólico que las mismas producen.
Hasta acá, la acumulación de fuerzas que juegan a favor de quienes defienden a “Vicentín”. Ahora…
¿qué fuerzas logramos construir del otro lado?
Instituciones en la mira
El conflicto que se abre con Vicentín no se reduce al problema de una sola empresa, sino que permite reflexionar sobre el modelo agroexportador de nuestro país y, sobretodo, sobre el modus operandi de los grandes grupos económicos locales y sus vinculaciones con los grupos extranjeros. A partir de este caso emblemático es posible comprender las diversas maniobras que las empresas pueden realizar a partir de todos los mecanismos institucionales vigentes, los limites en los controles, y de las “distracciones” cómplices de los funcionarios del Estado que deberían controlar.
En primer lugar, se trata de una empresa que desde sus orígenes recibió beneficios por parte del Estado, es decir que se pone en cuestión el aspecto “meritocrático” que sus defensores intentan mostrar. Al respecto, el diputado Carlos Del Frade, realiza una síntesis que permite demostrar algunos de los hitos históricos de la relación entre compañía y el Estado: “La empresa tiene sus orígenes en 1929 (…). En 1960 recibe la primera ayuda del Estado nacional, cuando el dictador Onganía, le otorga gratuitamente tierras públicas, fiscales, para la explotación del ganado y del algodón donde tiene la base de sustentación. El Estado le da eso, ¿cuánto pagó Vicentín por eso? Cero pesos. (…) En 1976, Vicentín colabora a través de su jefe de personal con el encarcelamiento, la tortura y la desaparición de
22 trabajadores, 14 de ellos delegados. En 1979, la dictadura le regala un puerto de aguas profundas sobre el rio Paraná en el marco de la política de descuartizamiento de la Ju nta Nacional de Granos, para que no se controle lo que salía por los puertos. Comenzó a planificarse la exportación en manos de capitales nacionales vinculados al capital internacional, para que entre y salga lo que esas empresas que manejan los puertos quieren que entre o salga. En 1982, en el marco de la última dictadura militar, Cavallo como presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza la deuda externa de Vicentín. Dos millones de dólares que pagamos todos. El Estado nacional le condo na esa deuda. En 2001 Vicentín fuga 135 millones de dólares. La plata la puso el Estado nacional. En 2003 Banco Nación ya le había prestado a Vicentín 30 millones de dólares. En 2015 los préstamos de banco nación ascendían a 120 millones, 10 millones de dólares por año. Y, finalmente, en 2015 a 2019 recibe 150 millones de dólares más, en un crédito del Banco Nación. Más de 30 millones por año.” (Discurso del diputado Carlos del Frade (F.S.P) en la cámara de la provincia de Santa Fe, el día 18 de junio del 2020).
En segundo lugar, debe mencionarse el carácter privado de los puertos por los cuales salen los granos para exportación. El caso Vicentín muestra la facilidad con la cual este tipo de empresas agroexportadoras puede realizar exportaciones sin un control estricto por parte de quienes se tienen que encargar de realizar el pesaje de todo aquello que se exporta. Al respecto, Pedro Peretti expresa: “Por el Paraná se van 27 mil millones de dólares en exportación que ni siquiera se pesan, a ver si se entiende… No hay balanzas para pesar lo que se vende. Vos pones una verdulería, en cualquier barrio y lo primero que haces es comprar una balanza. El Estado argentino no pesa lo que vende. Es a ojo de buen cubero, va alguien del SENASA y calcula. Lo decía Arturo Jauretche “La culpa no es del de afuera que invade sino del de adentro que entrega.” (Declaraciones de Pedro Peretti en AM 530. Mayo 2020).
En tercer lugar, el rol de las aduanas queda expuesto al conocerse mecanismos de subfacturación de exportaciones –que permiten eludir compromisos fiscales con el Estado–. Esta situación, seguramente frecuente, quedó expuesta durante la gestión de la alianza Cambiemos, al conocerse una diferencia abrumadora entre la venta y la compra de oleaginosas de Argentina a China: “La llegada de Mauricio Macri a China persigue un objetivo: hacer negocios con el gigante asiático y achicar el déficit comercial con aquel país. El desfasaje entre importaciones y exportaciones al gigante asiático es el mayor registrado por Argentina comparado con cualquier otro país del mundo. Pero una traba complica las pretensiones del Gobierno. Según el INDEC, en 2016 el déficit comercial alcanzado por Argentina con China fue de US$ 5.951 millones. Pero para el organismo de estadísticas chino, ese déficit fue de menos de la mitad, de apenas US$2.084 millones. En el Gobierno temen que esta diferencia complique las negociaciones.” (Clarín, 13/05/2017). Por su parte, Ricardo Aronskind, devela este tipo de inconsistencias: “la diferencia abrumadora [entre la entrada y salida de oleaginosas]
hubiera merecido una profunda investigación pública sobre qué estaba ocurriendo con los intercambios comerciales reales de nuestro país, y la enorme distorsión en los registros públicos de esa realidad que se le había ido de las manos al Estado. (…) Esto muestra la incapacidad de las aduanas locales para captar el verdadero movimiento de bienes a través de nuestras fronteras, con efectos directos sobre dos cuestiones económicas centrales: el nivel de las reservas disponibles en el Banco Central de la República Argentina, y la recaudación impositiva vinculada al comercio exterior.” (El Cohete a la Luna, 28/06/2020).
En cuarto lugar, el papel del Banco Central aparece como un socio necesario de este tipo de mecanismos: “Los bancos son socios necesarios de los “agroexportadores”, al financiar esas operaciones y como instrumentadores con su documentación (Letras de Cambio, Carta de Créditos, etc.) y administran la conversión de divisas a pesos y viceversa, y por su imprescindible intervención para comprar dólares al BCRA (la Ley 24.144, Carta Orgánica del BCRA de Cavallo lo permite) y fugarlos.” (El Cohete a la Luna, Horacio Rovelli, 21/06/2020). Estos mecanismos quedaron tan expuestos que, hasta Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, lo explica con todas las letras: “Esta empresa, a pesar de tener todos los recursos financieros, los fugó” (Página 12, 23/06/2020).
¿Cómo creció económicamente Vicentín? ¿Es posible controlar las entradas y salidas de las agroexportadoras si los puertos siguen estando en manos de dichas empresas? ¿Puede Vicentín quedar en manos de quienes tomaron créditos con el Banco Nación para luego fugar la plata al exterior, a guaridas fiscales, para finalmente convocar a concurso de acreedores porque no pueden hacer frente a sus deudas? ¿Quiénes permitieron el otorgamiento de estos créditos, quiénes facilitaron la salida de capitales? ¿Quiénes son los acreedores de Vicentín? ¿Quién puso la plata del Banco Nación? ¿Qué sucede con los salarios de los trabajadores?
Vicentín: la Enron argentina
Recuperando nuevamente a Carlos Del Frade: “Los propietarios de Vicentín se robaron Vicentín. Se llevaron la plata con una empresa off shore que constituyeron en Panamá en el año 2005 y el 3 de diciembre de 2019, días antes de declarar el stress financiero ponen esa empresa off shore en una dirección de Reconquista, en la sede de Friar.” ¿Qué significa esto?
Esta frase, que parece una paradoja, no es algo extraño en el comportamiento de los grupos económicos concentrados. Sin ir más lejos, la emblemática empresa energética Enron realizó esa misma maniobra en Estados Unidos en el año 2001, reconociéndose como el mayor escándalo financiero de la historia. Al igual que Vicentín –cuyo negocio es uno de los más rentables del país–, se trataba de una empresa que por su actividad (sector energético) parecía imposible que pueda llegar a quebrar. Sin embargo, se comprobó que detrás de su quiebra había maniobras de sus mismos directores que inflaron beneficios, maquillaron deudas, tomaron créditos que hicieron pasar como activos, dejaron de pagar, fugaron y declararon la quiebra. ¿Nos suena conocido?
Así lo explicaba un artículo de Le Monde Diplomatique, del año 2002: “La empresa se vanagloriaba de su ‘transparencia’. Sin embargo, en el momento de su bancarrota se devela una mezcla de fraudes y de nepotismo. Sin olvidar una exageración prodigiosa de sus ganancias, que provoca pánico en los inversores y el hundimiento de un imperio energético cuyos negocios habían superado los 100.000 millones de dólares. En un año su valor bursátil se dividió por 350. Semejante destino esclarece a su manera el debate sobre los fondos de pensión: el 60% de las sumas destinadas a financiar la jubilación de los empleados de Enron estaban invertidos en acciones de la empresa. (…) En Enron se observa a la vez a una dirección de empresa que huye con decenas de millones de dólares en el bolsillo; a asalariados que pierden todo, incluso el dinero invertido para sus jubilaciones; a clientes a los que se condena a cortes de electricidad; a responsables políticos corruptos; a agencias de calificación tanto más benevolentes cuanto que las empresas que auditaban las retribuyen a veces como consejeros;
(…) burbujas bursátiles que un día estallan.” (Las mil y una estafas de Enron. Febrero 2002)
En el año 2001 –el mismo año del desfalco de la Enron– Vicentín fuga 135 millones de dólares (plata que puso el Estado nacional en el medio de una de las mayores crisis que vivía el país). En un artículo publicado en La Voz, en el año 2001, el economista estadounidense Paul Krugman señala que tanto la Enron como la Argentina formaban parte de un experimento de darle vía libre a las finanzas: “la Argentina, al igual que Enron, eran las niñas mimadas de la comunidad financ iera, y como Enron, la Argentina era considerada un modelo para imitar, por los mismos críticos. (…) Pregunta Krugman, por qué Enron y la Argentina eran admirados por la misma gente. Porque de diferentes maneras, la corporación y el país (…) ponían a prueba el credo liberal: la gran expansión de la intervención de los gobiernos en la economía, entre las dos guerras mundiales, era innecesaria y hasta perjudicial y el único principio válido y aplicable era la idea liberal del laissez-faire. El experimento de Enron fue, en esencia, eliminar las regulaciones de precios e intercambio financiero. (…) Enron usó su influencia política (que llegó a ser muy grande) para crear lo que uno de sus ejecutivos llamo ‘el agujero negro de las regulaciones’, mediante el cual la corporación podía operar casi libremente, esto es sin controles del gobierno.” (La Voz. 26 de diciembre de 2001).
Más de veinte años después, y con el estallido de la burbuja financiera de 2008/2009 en el medio, lo que sucedió con Vicentín muestra que el caso Enron fue un punto de inflexión en la historia del capitalismo o, para ser un poco más precisos, fue el inicio de un período de gigantescos fraudes, una época de robo abierto, marcado por la rapiña de los grandes grupos económicos mundiales. ¿Qué son sino los “paraísos fiscales”, la “offshorización”, la evasión fiscal y la fuga de capitales? ¿No escuchamos hablar de estos fenómenos cada vez con más frecuencia? ¿Por qué esta es una práctica cada vez más habitual de los grandes grupos económicos, de las multinacionales y de los colosos financieros internacionales? El hecho de que recurran a este tipo de prácticas… ¿no muestra la imposibilidad de que estos grupos se reproduzcan de otra manera? ¿Qué papel juegan las agroexportadoras más grandes (Cargill, Nidera y Syngenta) dentro de este entramado? ¿Quedan por fuera del análisis, o más bien hay que tenerlas en cuenta para pensar cómo la competencia mueve a estos grandes grupos concentrados a comerse a sí mismos?
¿Quiénes son los expropiadores?
En Estados Unidos, el caso de la Enron fue tan escandaloso que Paul Krugman se preguntaba: “Hace seis meses, en una columna fuertemente criticada, sugerí que al final el escándalo de Enron marcaría un punto de inflexión mayor para la percepción que Estados Unidos tiene de sí mismo que el 11 de septiembre. ¿Parece eso tan inverosímil hoy en día?” (El País, 28/06/2002). La referencia de Krugman al 11 de septiembre (atentado a las torres gemelas) y su vinculación con lo sucedido en Enron resulta crucial para comprender el comienzo de una situación social caldeada: “cerca de dos millones de trabajadores norteamericanos perderán los beneficios del seguro de desempleo. Ochenta mil fueron expulsados del sistema de protección laboral este fin de semana”. (El País, 23/02/2002). Situación que, 18 años después, vemos profundamente agravada.
Es decir, este caso mostraba cómo el capital comenzaba a expoliar a algunos sectores sociales que fueron históricamente su base de sustentación: clases medias blancas norteamericanas. Sólo mirando para atrás es posible comprender el triunfo de Trump (y de sus promesas de recuperar el “empleo” de los norteamericanos) y los estallidos actuales que continúan ininterrumpidamente en el país.
Volviendo a Vicentín, la empresa atentó contra el patrimonio de pequeños productores –histórica base de sustentación de los grandes grupos agroexportadores (tal como se vio en el 2008)–. Si bien estos sectores están fragmentados y responden a diversos intereses e ideologías, no es menor que el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba se exprese contundentemente sobre Vicentín: “¿Cómo nos vamos a pronunciar en favor de la dirección de una empresa que está haciendo tanto daño a los productores? Es como que en 2001 hubiéramos salido a manifestar en favor de los bancos”, dice Pedro Salas. No hace falta agregar nada…
Recordemos al lector que Vicentín posee un porcentaje accionario del puerto de Rosario (además de tener uno propio), y también posee junto a la multinacional Glencore una empresa que fabrica y exporta aceites y biodiesel (la más grande del rubro). Esta multinacional canadiense se dedica principalmente a la megaminería, y en nuestro país extrae y exporta sobre todo ORO. Ante esto ¿no sería imprescindible que el Estado pueda pesar lo que sale por esos puertos en lugar de solo “confiar” en las declaraciones juradas de las empresas? El problema que se abre con Vicentín no termina con Vicentín. Por nuestros ríos se sigue yendo nuestra riqueza y mientras los más grandes acumulan (a través de todos los mecanismos indicados anteriormente), acá quedan la miseria, el empobrecimiento y la desesperación de grandes mayorías. Los costos son demasiado altos para nuestro pueblo. ¿Qué pasa si no pagamos los servicios? ¿Cuánto tardan en cortar los servicios en ese caso? ¿Qué pasa si una Pyme no cumple con sus compromisos de pago de créditos en los bancos? Al hablar de “ladrones” sólo se habla de los pobres, mientras las grandes compañías realizan estafas millonarias. ¿Quiénes son los verdaderos expropiadores?
¿Cómo organizarnos por lo común?
Nos había quedado pendiente una pregunta… ¿qué fuerzas logramos construir del otro lado? ¿Puede un gobierno proponerse y hacer efectivas medidas que impliquen defender intereses populares sobre la base del desconocimiento del pueblo de lo que está en juego? ¿Puede un pueblo “salir a festejar”, y/o defender sus intereses si desconoce lo que está en juego en cada momento?
El ya citado Pedro Salas sostiene: “Tiene que haber un debate político más elevado”.
Por su parte, Pedro Peretti indica: “El problema central es que el campo nacional y popular nunca se anima a dar un debate de frente por la política agropecuaria en la Argentina. Debemos dar ese debate (…) con la derecha, decirles: señores ustedes no tienen razón, están equivocados.”. “El campo nacional y popular tiene que salir a debatir. Tan importante como investigar es salir a comunicar, y tan importante como investigar y comunicar es debatir de cara a la sociedad , no le podemos dejar el campo orégano a la derecha para que siga generando un sentido común contrario a los interese s de los sectores populares agropecuarios, las cosas falsas que se escriben todos los días.”
Y, por último, Del Frade sostiene: “M e parece que a medida que se conozcan más estas informaciones, más le va a quedar claro a la gente que defender Vicent ín es defenderlo de los delincuentes que tiene Vicentín adentro del directorio. (…) se va avanzar más en la conciencia a partir de la información. (…) la gente se va a dar cuenta de que está defendiendo delincuentes.” (7/7/2020 en el programa “Que vuelvan las ideas”. AM750).
Y los sectores populares… ¿podemos seguir esperando que nos resuelvan los problemas únicamente “desde arriba”? Podríamos tener mucha más fuerza de la que imaginamos con un sistema de información propio, serio y sistemático, que acerque la información a todos y todas para conocer, para darnos los debates y poder tener una mirada crítica. ¿O vamos a esperar que los medios de comunicación hagan otra cosa de la que hacen? No lo van a hacer, porque no defienden nuestros intereses, son su herramienta. Lo que queda claro es que sin un debate a fondo que nos permita ir esclareciendo cada una de las situaciones que se nos van presentando y buscando en nuestra historia los ejemplos de nuestra fuerza y coraje, quedaremos a merced de sus ideólogos y, por tanto, de sus intereses contrarios al pueblo. ¿Estamos dispuestos a asumir que debemos construir una fuerza para defender lo que nos pertenece?
AGOSTO 2020
