El siguiente documento que le entregamos en esta oportunidad, contiene dos noticias, que despertó alerta en la opinión pública. La propuesta es tomar las noticias como una herramienta de comprensión. Que abran el debate y nos permitan respondernos, por lo menos, algunas preguntas que siempre dan vueltas por nuestras cabezas y no encontramos ámbitos para debatirlas.
VIOLENCIA EN ROSARIO, ¿BOTON DE MUESTRA?
NOTA 1: El narco en Rosario: no es el menudeo, son los puertos privados
El ataque narco con un mensaje amenazante para Messi y el asesinato de Maxi, un niño de 11 años, volvieron a poner en agenda una realidad tan evitable como compleja. Rosario es el epicentro de lo que existe y se expande en todo el país: el narco-Estado. Pero ¿Qué rol juegan los puertos privados en este negocio?
Por Rodrigo Savoretti | 9 de marzo 2023
Más de 58 personas asesinadas en lo que va del 2023. El año pasado esa cifra fue de 288 muertos por la” violencia narco”.
¿Por qué Rosario?
Cada vez que esta ciudad es noticia se debe a hechos violentos, en su mayoría vinculados al narcotráfico. Sicariato, niñeces armadas, cúpulas policiales involucradas con el negocio de las drogas, ministros de Seguridad que van y vienen, puertos privados donde se exportan toneladas de cocaína.
Una realidad tan evitable como compleja que involucra a todas las instituciones estatales, a los barrios populares, al empresariado privado local y multinacional y a bandas criminales. Todo en la misma ciudad. Pero ¿Por qué en Rosario y no en otras ciudades argentinas el narcotráfico está presente con un nivel de violencia cualitativamente superior?
Sucede que en el Gran Rosario -en los 70 km de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco- se encuentran localizadas un total de 29 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas. Desde esta área geográfica se despachan por año entre el 77% y el 80% de las exportaciones de aceites, granos y subproductos.
Estos últimos datos los aporta la Bolsa de Comercio de Rosario, entidad que congrega a los empresarios ligados a las exportaciones en esta ciudad. Este organismo provincial opera un control mayor que el del propio Estado argentino, ya que históricamente facilitó la extranjerización del comercio exterior del país, en connivencia con las grandes agroexportadoras multinacionales como Cargill, Bunge y Born, Dreyfuss, COFCO, Glencore, entre otras.
Todas estas empresas -que exportan alrededor de 30 mil millones de dólares anuales-, tienen sus enclaves multinacionales en los puertos privados del Paraná
En una entrevista reciente, el periodista y diputado socialista de la provincia de Santa Fe, Carlos del Frade detalló que: “Lo que venimos diciendo desde hace veinte años es que en los puertos privados que se encuentran en el Paraná hay subfacturación, sobrefacturación, contrabando, armas (...) Hasta denuncias de trata de personas”.
Para el periodista Koly Bader, con quien Enfant Terrible mantuvo una conversación sobre el tema, el problema en si no es por el menudeo -tan señalado por los medios hegemónicos- sino por las toneladas de droga que se cargan en los puertos privados con destino a Europa.
“El narcotráfico y la inseguridad son la forma en la que las instituciones estatales encuentran un control y disciplinamiento social a través del miedo sin quedar pegados directamente como responsables, ya que siempre un perejil irá preso por ellos mientras facturan millones”, señala.
Desde la Mesa Coordinadora por la Recuperación del Paraná y el Canal Magdalena sostienen que estos puertos privados actúan como una especie de semicolonias a las orillas del Paraná, ya que tienen sus territorios privados, policía privada, y ostentan una plana complicidad con el poder estatal que no controla absolutamente nada de lo que entra y se va por allí.
Drogas a buen puerto
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Argentina es uno de los países donde más se consume cocaína en Suramérica. En el año 2013, la misma Oficina había indicado al país como tercero en la lista de naciones que más exportan esta sustancia. Pero luego el mismo organismo se desdijo. Pese a ello, hay datos de los últimos años que permiten indicar que Argentina, sin ser productor de esta droga, sí constituye un puerto seguro para el consumo local y un punto estratégico para la salida de la misma y otras drogas, a través de las terminales portuarias privadas.
En el año 2021, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, alertó sobre la “Hidrovía” por su consolidación como puerta de salida para la droga fabricada en Perú y Bolivia a los mercados internacionales. Por su parte, la delegación de la Oficina de Drogas y Crimen de la misma ONU en Bolivia, en su informe de hace dos años señaló que sería necesario intensificar los controles en los puertos que conectan varios países con el Océano Atlántico.
La contaminación con droga a conteiner varía su metodología. Puede cargarse en alta mar, en los mismos puertos o en el lugar de origen, siempre ingeniosamente camuflada. Esto se hace muchas veces con el conocimiento de los dueños de los propios puertos, aunque otras sin. Y por lo general, se lleva a cabo luego de los controles que, muy de vez en cuando, realiza la Aduana. Los tratados internacionales impuestos por las grandes potencias libre mercadistas imposibilita que se controle la carga de un barco en movimiento. Aunque la realidad señala que, por falta de voluntad política, o complicidad plena, las autoridades nacionales no controlan las cargas que llegan a los puertos, y mucho menos las que ya en aguas argentinas viajan a sus destinos.
Argentina, ¿Narco-Estado?
Para el periodista Ricardo Ragendorfer, especialista en temas policiales, los policías provinciales y federales actúan como empleados de mafias como Los Monos. Y pone como ejemplo más acabado el caso del Jefe de la Policía Santa Fe en el 2012, Hugo Tognoli, arrestado y condenado a seis años de prisión por sus “servicios” al clan Cantero. Finalmente, el oficial terminó absuelto por “tecnicismo procesal”.
Por su parte, Levy, quien sostiene que en Argentina existe un narco-Estado-parapolicial, ya que sin convivencia política y policial no se podría hablar de este nivel de impunidad. El referente aduce que el narcotráfico no se resuelve mandando tanques a una villa donde nunca viviría “ni un ceo de la Coca Cola, ni un capo de la droga”.
La solución -según él- es seguir la idea de la Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez: despenalizar y regular el consumo de drogas, para sacarle el negocio a la Policía, transferir a salud todos los recursos que estás destinando a seguridad y “hacerse cargo que estos niveles de miseria y desigualdad son los que hacen que aparezca este paraestado narcotraficante”.
Sin embargo, el Gobierno Nacional parece continuar con el legado menemista y macrista de reprivatización tanto de la “Hidrovía” como de sus puertos privados, cuyas concesiones vencen durante éste y los próximos años. Ni el Estado ni el mercado están dispuestos a solucionar el problema, más bien conviven en perfecta simbiosis y complicidad para perpetrarlo siguiendo las órdenes y lógicas neoliberales impuestas por EE.UU., país históricamente beneficiado con la producción, consumo y distribución de cocaína y otras drogas en Latinoamérica.
NOTA 2: Violencia en Rosario: las cinco claves que explican un declive estructural
Las carencias se acumulan desde hace años, sin reacción por parte de los distintos estamentos de gobierno; el caso que afecta a familiares de Lionel Messi nacionaliza otra vez el debate sobre el crecimiento del narcotráfico.
Hugo Alconada Mon - La Nación - 2 de marzo 2023
Faltan policías y faltan gendarmes. Faltan fiscales y faltan jueces. Falta presupuesto y falta infraestructura. Pero, por encima de todo, falta decisión política y sustento institucional. Ese es el caldo que explica por qué Rosario está como está desde hace ya demasiados años. El ataque a balazos al supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, que conmociona en estas horas al país provocó hasta ahora apenas otra reacción espasmódica de quienes deben aportar soluciones.
¿Cómo se explica, si no, que la ley 24.660 prohíbe de manera taxativa desde 1996 el uso de móviles en las cárceles y ordena “instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal” pero los capos criminales sigan ordenando asesinatos, balaceras y extorsiones desde sus celdas?
¿Cómo se explica, si no, que la Policía acumule una decena de jefes en Rosario durante la última década que en vez de sumar medallas en su pecho acumulan causas penales por sus vínculos con los clanes criminales?
¿Cómo se explica, si no, que los fiscales y jueces corajudos y decentes de Rosario –que los hay- tengan a veces que esperar hasta nueve meses para recibir el apoyo tecnológico que les permita acceder al contenido de un teléfono celular de un narco o de un sicario? Sí, nueve meses.
¿Cómo se explica, si no, que 19 senadores provinciales y la vicegobernadora tengan una partida presupuestaria “de Fortalecimiento Institucional” para repartir subsidios y hacer política que el año pasado fue dos veces más grande que el presupuesto de todo el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la institución que agrupa a todos los fiscales y fiscalías de la provincia? Sí, los senadores repartieron $795,9 millones mientras que los fiscales recibieron $397 millones.
Esos y otros hallazgos surgen de la investigación que durante seis meses desarrollamos con Germán de los Santos, un colega excepcional que desde Rosario cubre el día a día de la debacle. Porque el huevo de la serpiente está en Rosario misma. Lo explican sus falencias institucionales, el retiro de las fuerzas de seguridad como elemento “regulador” del crimen, sus nichos de riqueza, sus cuevas financieras y sus bolsones de pobreza, su fragilidad ante los vaivenes económicos, su corrupción extendida. Y, también, su posición geográfica privilegiada –junto a la hidrovía y las rutas
11, 9, 33 y 34- que la convierten en un embudo de conectividad del Cono Sur.
La sangre que corre por sus calles es tanta que muchos rosarinos parecen anestesiados. O acostumbrados. O prescindentes mientras los muertos eran los “otros”, “en la periferia”. Hasta que fue demasiado tarde. Y chocaron de frente con las extorsiones. Ahora la disyuntiva es simple para empresarios y comerciantes, grandes y pequeños: plata o plomo.
La sangre que corre por sus calles se explica, también, por el reparto de poder y negocios que une y separa a socialistas, radicales y peronistas desde hace décadas. Responde a los contubernios entre funcionarios de los tres poderes del Estado con los clanes criminales. Responde a los arreglos delictivos de las fuerzas de seguridad con aquellos a los que deberían perseguir. A los ductos financieros que mueven fortunas en negro del mundo agrícola y de los narcos. Responde también a lo que pasa –y se calla- en los “puertos secos” y el mercado inmobiliario. A la pobreza que agobia a vastos sectores sociales. Y al enjuague cómplice de muchos rosarinos con el hampa, para el que lavan decenas de millones de dólares al año.
Esas son algunas de las conclusiones que surgieron de las entrevistas con más de cincuenta funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, criminólogos, efectivos de las fuerzas de seguridad, víctimas y periodistas que mantuvo la nacion durante seis meses. Incluyó también inmersiones en Rosario, Entre Ríos, Corrientes, la Triple Frontera y Uruguay, y el análisis de expedientes judiciales, investigaciones académicas e informes reservados. Pero no hay respuestas -mucho menos soluciones- fáciles.
Cinco fueron los ejes que comenzaron a repetirse durante las entrevistas que se desarrollaron bajo reserva de identidad para evitar represalias o esquivar las frases protocolares: el criminal, el institucional, el social, el financiero y el policial.
- El criminal. Por tamaño, densidad y características, Rosario se convirtió en un enclave ideal para que pequeños clanes criminales crecieran y se diversificaran. Los ayudaron los focos de pobreza, desempleo y desindustrialización, y la baja incidencia en Rosario del empleo público como colchón social. Así fue cómo el clan Alvarado y la familia Cantero, factótum del clan Los Monos, avanzaron al ritmo de su ambición y la desidia o complicidad estatal. Pasaron del robo de automóviles al narcomenudeo, las extorsiones, la trata, los asesinatos y el lavado de activos.
- El eje institucional. El sistema institucional santafesino es anticuado, empezando por su Constitución. Abundan las voces que reclaman actualizar todo el sistema, pero las mezquindades políticas bloquean los intentos. Ese pantano lleva a componendas espurias entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por ejemplo, para seleccionar jueces, fiscales, policías y titulares de organismos de control, y para remover a aquellos que quieran investigar al poder y a sus aliados criminales, en un círculo vicioso sin fin.
- El eje social. Hay barrios enteros de Rosario que fueron abandonados por el Estado, que dejó de proveer seguridad y contención social. Son zonas asoladas por la pobreza, el desempleo y la precarización, donde los vecinos se cansaron de llamar a la policía ante un robo, por ejemplo, pero los patrulleros jamás llegaron. Los criminales llenaron ese vacío. Organizan comedores comunitarios y talleres de oficios, pagan sepelios y hasta proveen un remedo de seguridad, mientras ordenan asesinatos y secuestros, extorsionan comerciantes y regentean el narcomenudeo, el tráfico de armas y la trata de personas.
- El eje financiero. Centrar el narco en los barrios más carenciados de Rosario es un insulto. El negocio mueve US$9 millones al mes en la provincia y genera ganancias por US$5 millones cada treinta días, según estimaciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). ¿Cuánto de ese dinero se lava y se reintroduce en el circuito legal? Un relevamiento de los expedientes judiciales muestra que financieras, inmobiliarias, constructoras y mutuales controladas por la clase alta rosarina participan en el lavado de los clanes criminales más sangrientos. ¡Si hasta crearon un dólar para ellos en el mercado negro: el dólar “banana”!
- El eje seguridad. Las fuerzas provinciales y federales dejaron de actuar como “reguladores” del delito. Y Rosario vivenció una “feudalización” de su territorio y de las cajas recaudatorias. Sobran ejemplos de policías y penitenciarios que trabajan para los narcos, de políticos que protegen a agentes corruptos, y de presos que planifican crímenes desde sus cárceles con un par de llamadas. ¡Si hasta los agentes del servicio penitenciario les entregan teléfonos celulares por 30.000 pesos! Pero hay más y peor: muchos oficiales de policía son promovidos a cargos superiores por los narcos. Sí, los narcos eligen a muchos jefes policiales.
Este combo, que oscila entre lo mortífero, lo mezquino y lo patético, causó que Rosario sea el rostro más visible de una situación que se repite en otros puntos del país, como el Conurbano bonaerense, aunque con menos espectacularidad. Porque sólo en Rosario, un hombre caminó tranquilo hasta la garita de seguridad de los tribunales federales, a las 3.20 de la madrugada, en pleno centro de la ciudad, desenfundó su arma y disparó, impune.
Pasó el miércoles 28 de septiembre pasado. Y el Estado reaccionó como suele reaccionar cuando no sabe qué hacer: de manera espasmódica y efectista. Convocó a una unidad antiterrorista para que desembarque en la ciudad. Cinco meses y dos días después, otro episodio de alta exposición –la balacera al supermercado de la familia Roccuzzo– obligó a la clase política a reaccionar, otra vez. Pero el Presidente apenas pudo balbucear una frase sintomática de la situación: “Algo más habrá que hacer”. Sí, claro, mucho, muchísimo más hay que hacer. Pero requiere, por encima de todo, decisión política y sustento institucional.
¿Cómo? ¿No era el “negrito planero” el culpable de todas nuestras calamidades? ¿Quién le da la droga para vender a los pibes excluidos de nuestros barrios? ¿Quién es culpable y quién es víctima? Por otro lado… ¿No será Rosario un botón de muestra para que empecemos a ver dónde están los problemas fundamentales del país y quiénes son sus responsables?
PARIENDO UNA NUEVA SOCIEDAD – MARZO 2023
